CONSEJO DE ESTADO: LA AUTORRETENCIÓN ESPECIAL DE RENTA SÍ RESPETA LAS BASES MÍNIMAS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE

La Sección Cuarta del Consejo de Estado, en sentencia de única instancia del 25 de septiembre de 2026, declaró la nulidad de la doctrina con la que la DIAN sostenía que a la autorretención especial del impuesto sobre la renta no le resultaban aplicables las cuantías mínimas previstas para la retención en la fuente.

Con esta decisión, el alto tribunal fijó como regla interpretativa que los umbrales de la retención en la fuente a título de renta también aplican a la autorretención especial, en virtud de la remisión normativa que hace el artículo 1.2.6.7 del Decreto 1625 de 2016 (DURT). En la práctica, esto significa que los pagos o abonos en cuenta que no superan la cuantía mínima del respectivo concepto no están sujetos a autorretención especial.

¿Qué es la autorretención especial?

La autorretención especial nació como heredera de la autorretención del CREE. Cuando la Ley 1819 de 2016 eliminó ese tributo y reunificó su tarifa en el impuesto sobre la renta, el legislador quiso conservar el mecanismo de recaudo anticipado, y para ello adicionó el parágrafo 2 al artículo 365 del Estatuto Tributario.

Esa facultad fue reglamentada por el Decreto 2201 de 2016, que incorporó los artículos 1.2.6.6 a 1.2.6.11 al DURT. Allí se dispuso que los contribuyentes señalados en el artículo 1.2.6.6 tienen la calidad de autorretenedores, y que la autorretención se liquida sobre cada pago o abono en cuenta, con la tarifa que corresponda a su actividad económica (artículo 1.2.6.8, en la redacción del artículo 8 del Decreto 572 de 2025).

La discusión giraba en torno al inciso 1 del artículo 1.2.6.7, según el cual las bases establecidas en las normas vigentes para calcular la retención del impuesto sobre la renta son aplicables igualmente para practicar la autorretención a título de ese impuesto.

¿Qué sostenía la DIAN?

En el Oficio 5622 de 2017, confirmado por el Concepto 5623 de 2023 al resolver una solicitud de reconsideración, la DIAN defendió la siguiente tesis:

• El artículo 1.2.6.7 remite a las bases de retención, pero no a las cuantías mínimas, que serían un concepto distinto: la base es el monto al que se aplica la tarifa; la cuantía mínima es el valor por debajo del cual no se retiene.
• Como las cuantías mínimas no fueron consagradas expresamente para la autorretención, no existen, y esta debía practicarse sobre el 100 % del pago o abono en cuenta.
• Ese mismo criterio se había aplicado desde la época del CREE (Concepto 059385 de 2013 y Oficio 011305 de 2014).
• Cualquier interpretación que afectara el recaudo debía descartarse, porque la autorretención busca asegurar los recursos con destinación específica del artículo 243 del ET (los nueve puntos de la tarifa de renta destinados al SENA, el ICBF y el sistema de salud).

¿Qué argumentaron los demandantes?

Los demandantes alegaron violación directa de normas superiores por interpretación errónea y falta de aplicación, falsa motivación por error de derecho y, de forma subsidiaria, desviación de poder. En síntesis, sostuvieron que, conforme al sentido natural de las palabras (artículo 27 del Código Civil) y a una lectura sistemática (artículo 30 ibidem), la remisión del artículo 1.2.6.7 comprende todo el régimen de bases de retención, incluidos los umbrales de los artículos 1.2.4.4.1, 1.2.4.6.7, 1.2.4.6.8, 1.2.4.9.1 (letra i) y 1.2.4.10.8 del DURT. También argumentaron que el fin recaudatorio no puede servir para extender obligaciones tributarias que la norma no contempla.

¿Qué decidió el Consejo de Estado?

La Sala dio la razón a los demandantes con base principalmente en los siguientes argumentos:

1. La remisión es expresa. El artículo 1.2.6.7 del DURT unificó las bases de retención del impuesto sobre la renta con independencia de la modalidad de recaudo (autorretención o retención por un tercero). Para la Sala, ello es razonable porque la finalidad es la misma: el recaudo anticipado del impuesto.
2. La remisión es suficiente. No era necesario que la norma reprodujera las disposiciones sobre cuantías mínimas, pues ese es precisamente el efecto y alcance de una remisión normativa. Además, el mismo artículo fijó de manera taxativa las excepciones en las que la base es distinta.
3. Cada pago o abono en cuenta debe leerse en contexto. La expresión del artículo 1.2.6.8 se entiende referida a los pagos que superen la cuantía mínima.
4. El antecedente del CREE no cambia la conclusión. Según la Sala, tanto antes como después de la reunificación los umbrales eran aplicables a la autorretención, porque así lo previó la norma reglamentaria; la doctrina oficial no le es oponible, pues carece de fuerza legal.

¿Qué implica para las empresas?

Con la anulación de esta doctrina, los autorretenedores deberían revisar sus procesos, en especial los siguientes aspectos:

• Parametrización del ERP y del sistema contable: la autorretención especial solo debe calcularse cuando el pago o abono en cuenta supere la cuantía mínima del concepto de retención correspondiente.
• Conceptos sin cuantía mínima: no todos los conceptos de retención tienen umbral. Por ejemplo, en honorarios y comisiones la retención procede sin importar el valor, por lo que en esos casos la autorretención especial también aplica sobre cualquier monto.
• Bases mínimas vigentes: las cuantías aplicables son las de las normas de retención en la fuente vigentes, hoy con los ajustes del Decreto 572 de 2025, cuyo proceso de legalidad sigue en curso ante el Consejo de Estado.
• Depuración y bases especiales: se mantienen las bases especiales que el artículo 1.2.6.7 fija de manera taxativa para ciertas actividades.
• Periodos anteriores del año fiscal corriente: conviene identificar las autorretenciones practicadas sobre pagos inferiores a las cuantías mínimas. Como la autorretención es un anticipo que se descuenta en la declaración de renta, su impacto suele ser principalmente de flujo de caja; cualquier corrección de declaraciones debe evaluarse caso a caso, considerando los términos de firmeza y los procedimientos aplicables.
• Soporte documental: es recomendable actualizar la matriz legal interna e incluir la sentencia como fundamento del criterio adoptado.

Consulte aquí la sentencia completa del Consejo de Estado para conocer el alcance de la decisión y sus efectos prácticos sobre los autorretenedores.

Autor | Juan Alberto Rojas, Bogotá D.C. 02 de octubre de 2026.