El Gobierno Nacional expidió el Decreto 0581 del 5 de junio de 2026, mediante el cual se adiciona el Capítulo 4 al Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, con el propósito de fortalecer la inspección, vigilancia y control sobre las prácticas de tercerización e intermediación laboral en Colombia.
La norma establece nuevos criterios para que el Ministerio del Trabajo identifique situaciones de tercerización laboral ilegal, promueva la formalización laboral y adopte medidas correctivas cuando corresponda.
¿Desde cuándo aplica?
El Decreto 0581 de 2026 entró en vigencia desde su publicación, es decir, el 5 de junio de 2026, por lo que sus disposiciones son de aplicación inmediata para todas las empresas que contratan bienes o servicios a través de terceros.
¿Se eliminó la tercerización laboral?
Uno de los aspectos más importantes del decreto es que no elimina ni prohíbe la tercerización laboral. Continúan siendo válidas figuras como los contratistas independientes, los contratos sindicales, las Empresas de Servicios Temporales y los contratos civiles o comerciales legalmente estructurados. Sin embargo, la norma refuerza los mecanismos de control para verificar que estas modalidades no sean utilizadas para ocultar relaciones laborales directas o para evadir obligaciones laborales y de seguridad social.
La tercerización seguirá siendo permitida siempre que el contratista actúe con autonomía técnica, administrativa, financiera y directiva, cuente con una estructura empresarial propia y asuma los riesgos inherentes a la actividad contratada.
Principales cambios introducidos por el Decreto 0581 de 2026
La nueva regulación establece criterios objetivos para que el Ministerio del Trabajo determine cuándo existe una verdadera autonomía empresarial y cuándo podría configurarse una tercerización laboral ilegal. Para ello, las autoridades podrán evaluar aspectos como quién imparte instrucciones a los trabajadores, quién define horarios, permisos o vacaciones, quién suministra las herramientas de trabajo y quién asume los riesgos de la operación.
Adicionalmente, el decreto incorpora una de las disposiciones más relevantes para las empresas: la prestación de actividades permanentes o relacionadas con el objeto principal del negocio mediante terceros podrá generar una presunción de existencia de contrato de trabajo con la empresa beneficiaria. En consecuencia, las organizaciones deberán demostrar que el contratista actúa de manera independiente y que cuenta con los recursos, infraestructura y capacidad empresarial necesarios para ejecutar las actividades contratadas.
Asimismo, las autoridades laborales podrán verificar que los contratistas dispongan de organización administrativa propia, recursos humanos suficientes, capacidad financiera y medios de producción adecuados. Cuando un tercero opere únicamente como proveedor de mano de obra y carezca de autonomía real, podrá configurarse una práctica de tercerización laboral ilegal.
Empresas de Servicios Temporales
El decreto ratifica que las Empresas de Servicios Temporales continúan siendo la única figura autorizada para el envío de trabajadores en misión. No obstante, su utilización sigue restringida a situaciones excepcionales y temporales, como labores ocasionales, reemplazos por vacaciones, licencias o incapacidades, así como incrementos temporales en la producción, ventas o prestación de servicios.
De igual manera, se refuerza la prohibición de utilizar trabajadores en misión para atender necesidades permanentes de las empresas o de extender indefinidamente estos servicios mediante la contratación sucesiva de diferentes Empresas de Servicios Temporales.
Facultades de inspección y sanciones
El Ministerio del Trabajo contará con mayores herramientas para realizar visitas de inspección, solicitar documentación, entrevistar trabajadores y verificar las condiciones reales bajo las cuales se prestan los servicios. La evaluación no se limitará a lo establecido en los contratos, sino que tendrá en cuenta la forma en que la relación funciona en la práctica.
Las empresas que incurran en prácticas de tercerización o intermediación laboral ilegal podrán enfrentar multas de hasta 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada infracción, además de medidas adicionales como órdenes de formalización laboral, suspensión temporal de actividades, revocatoria de autorizaciones o licencias e incrementos sancionatorios en casos de reincidencia.
Recomendaciones para las organizaciones
Ante la entrada en vigencia de esta regulación, resulta recomendable que las empresas realicen una revisión integral de sus esquemas de contratación con terceros, validando la autonomía técnica, administrativa y financiera de sus contratistas, así como la adecuada utilización de las Empresas de Servicios Temporales dentro de los límites establecidos por la ley.
La implementación de auditorías preventivas, la revisión de contratos vigentes y la documentación de la independencia empresarial de los proveedores permitirán reducir riesgos de sanciones, contingencias laborales y eventuales reclamaciones derivadas de la aplicación del Decreto 0581 de 2026.
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